Un policía y cuatro “obreros” fueron acusados de robar cables subterráneos en Barrio Sur
La investigación está a cargo de la Unidad de Robos y Hurtos II del Ministerio Fiscal. Según la querella fueron sustraídos 2.500 kilos de cobre en la intersección de calle Rondeau y Chacabuco donde se encuentra una tapa de boca tormenta. El material fílmico, aportado por un empleado de la empresa de telefonía afectada, permitió la identificación. Arresto domiciliario por 40 días para el efectivo más una caución real por el monto de $3.000.000. Medidas de menor intensidad por dos meses para los cómplices. Otros dos permanecen prófugos.
El pasado martes, 25 de agosto, a las 6.30 aproximadamente, cuatro sujetos (de 24, 25, 26 y 33 años) junto a otras dos personas aún no identificadas, quienes se encontraban vestidos con ropa de grafa de color azul, y un empleado policial (de 35 años, uniformado y con arma reglamentaria) se hicieron presentes a bordo de una camioneta de color roja (registrada en Aguilares) en la intersección de calles Rondeau y Chacabuco, Barrio Sur, de San Miguel de Tucumán.
Una vez en el lugar, previa distribución de tareas, descendieron del vehículo, colocaron conos reflectivos en la intersección y procedieron a realizar maniobras sobre la tapa de una boca de tormenta, sector donde se encontraban instalados tendidos de cables subterráneos. Acto seguido, cortaron y se apoderaron ilegítimamente de 200 metros de cables de 2.200 pares y 200 metros de cables de 1.200 pares de cobre, los cuales se encontraban instalados en las cañerías subterráneas y pertenecían a una empresa telefónica.
Luego de ello, se dieron a la fuga a bordo del rodado mencionado, llevando consigo los elementos sustraídos en su poder.
Por este hecho sumamente grave, la Unidad Especializada de Robos y Hurtos II del Ministerio Fiscal, al mando de Susana Cordisco, los imputó por el delito de hurto, en calidad de coautores.
En tanto al policía (quien se desempeña en el centro de monitoreo de Banda del Río Salí) se le endilgó el hurto agravado por ser cometido por un integrante de las fuerzas de seguridad. “Es un hecho sumamente grave donde han intervenido siete personas que fueron grabadas.
Fue previamente planificado y con una distribución de tareas ya que contaban con herramientas necesarias para llevarlo a cabo, escogiendo el lugar y el horario nocturno para que no sean advertidos. Contaban con la utilización de una camioneta para poder eventualmente trasladar estos cables y, sobre todo, entendemos que la circunstancia más agravante es que simularon una escena de legitimidad (con ropa de trabajo) en el hecho al colocar conos reflectivos, cinta perimetral y un cartel de desvío, además, se valieron de la participación de un policía que estaba con su uniforme completo y con su arma reglamentaria custodiando la maniobra”, expuso el auxiliar de fiscal, Ignacio Martucci, quien informó que dos sujetos permanecen prófugos.
Seguidamente, pidió la prisión preventiva por dos meses incluso señaló contradicciones de tres imputados (de 25, 26 y 33 años) quienes al momento de indicar sus datos personales dijeron ser trabajadores independientes cuando serían empleados públicos (uno en la legislatura y los otros en la municipalidad capitalina). Asimismo, Martucci mencionó la existencia de un registro fílmico aportado por un empleado de la empresa afectada y que resta cotejar otras cámaras de seguridad y peritar los seis celulares secuestros junto a una rueda de reconocimiento de personas.
Por su parte, el abogado querellante señaló que la cantidad de cables correspondería a 2.500 kilos de cobre, valuados en $37.000.000. En otro tramo de la audiencia, Martucci mencionó que el acusado de 33 años ya registra una causa en trámite por un hecho similar, en perjuicio de la misma empresa denunciante, que se tramita en la Unidad Especializada de Robos y Hurtos III.
Al tomar declaración, el policía dijo: “A mí me contrataron para un servicio en negro. Pensaba que era una empresa tercerizada porque los obreros estaban bien vestidos. Hubo profesionalismo en el trabajo por lo que nunca me di cuenta que no eran obreros”.
Finalmente, y luego de cuatro horas de debate, el juez interviniente no hizo lugar a la procedencia de la prisión preventiva, no obstante, a los fines del avance de la investigación resolvió otorgar el arresto domiciliario por 40 días para el efectivo (con rondas periódicas y sorpresivas).
En tanto, los otros cómplices lo harán con medidas de menor intensidad (no privativas) por dos meses. Se determinó una caución real o personal de $3.000.000, para el policía, y de $2.500.000 para los otros (la libertad está supeditada a que se cumpla la caución).