Arresto domiciliario para otro acusado de encubrir el crimen de Érika Álvarez

Jorge “Chicho” Díaz, uno de los acusados por el encubrimiento del crimen de Érika Antonella Álvarez, obtuvo el arresto domiciliario tras una audiencia de Impugnación. Para acceder al beneficio deberá cubrir una caución de $20 millones.

La decisión fue tomada por la jueza Jimena Suárez, quien hizo lugar al planteo presentado por el defensor de Díaz, Juan Pablo Bello. El abogado sostuvo que no existían motivos para considerar que su asistido pudiera entorpecer la investigación.

El fiscal Pedro Gallo y el representante de la querella, Carlos Garmendia, se opusieron al pedido. Sin embargo, la magistrada resolvió conceder la prisión domiciliaria y fijó una caución menor a la solicitada inicialmente, teniendo en cuenta la situación personal del acusado.

“Vamos a tratar de conseguir ese valor, es muchísimo dinero para un jardinero y un mecánico que no trabaja desde hace varios meses”, señaló Bello.

Díaz está acusado de haber participado en maniobras destinadas a encubrir el asesinato de Érika Antonella Álvarez. La joven fue asesinada el 7 de enero en una vivienda de Yerba Buena y su cuerpo fue encontrado posteriormente en un descampado de Manantial Sur.

Jorge “Chicho” Díaz.Por el femicidio fue acusado Felipe “El Militar” Sosa. También fueron procesados Justina Gordillo, funcionaria judicial y expareja de Sosa; Nicolás Navarro Flores, amigo personal del acusado por homicidio agravado; y Díaz, señalado como empleado de confianza del empresario. La acusación sostiene que los tres habrían desplegado distintas conductas para encubrir el crimen.

Gordillo también cumple arresto domiciliario, luego de hacer efectiva una caución de $30 millones y de colocársele una pulsera de seguimiento.

En tanto, Navarro Flores ya cumple una pena de tres años de prisión tras haber aceptado esa condena en un juicio abreviado.

El juicio por el crimen de Érika

Mientras se resuelven los planteos relacionados con las medidas de coerción, continúan las audiencias preparatorias para el juicio oral, que podría concretarse antes de fin de año.

Durante estas jornadas también se produjeron novedades vinculadas al reclamo civil. A pedido de Marcelo Cosciansi, defensor de Sosa, se resolvió excluir a los hermanos de Érika del reclamo, por lo que el pedido de resarcimiento económico de $500 millones se reduciría en un 50%.

Además, según lo expuesto durante las audiencias, Sosa habría reconocido que fue quien “descartó” el cuerpo de Érika. De acuerdo con esa versión, lo habría hecho por temor a sufrir represalias por parte de la pareja de la víctima.