Cuestionamientos y recusaciones judiciales sacuden a la Asociación de Magistrados de Tucumán
La conducción de la Asociación de Magistrados de Tucumán atraviesa un escenario de fuerte controversia institucional y procesal. En los últimos días, la entidad encabezada por Marcela Ruiz acumuló reparos sobre la publicidad de sus actos internos y sumó nuevas complejidades en los tribunales a raíz de pedidos de recusación y discrepancias sobre la designación de los jueces intervinientes en las causas en curso.
Un pronunciamiento de alcance nacional
El debate sobre la gestión de la entidad provincial trascendió el ámbito local y generó la reacción de colectivos judiciales federales. De acuerdo con lo publicado por La Gaceta, la Red de Jueces, Fiscales y Defensores de la República Argentina manifestó públicamente su preocupación ante los cuestionamientos dirigidos a la conducción tucumana por la presunta falta de transparencia en sus decisiones y manejos institucionales.
A través de una declaración formal, la entidad nacional aseveró que el acceso a la información no representa una concesión graciosa, sentando una postura categórica respecto de los estándares que deben regir en las instituciones judiciales. La toma de posición de la red federal se produjo en momentos en que la dirigencia de la entidad tucumana enfrenta disputas en los estrados judiciales relacionadas con la exhibición y tratamiento de los balances contables, así como con la conformación del padrón electoral de los asociados.
Recusaciones por vínculos personales en la causa de amparo
En el plano estrictamente tribunalicio, la tensión creció tras una presentación en el marco de una acción de amparo entablada contra la Asociación de Magistrados de Tucumán. Según informó La Gaceta, la camarista Malvina Seguí formalizó una solicitud de apartamiento contra dos vocales: Álvaro Zamorano y María Dolores Leone Cervera.
El pedido de recusación formulado por Seguí se sustentó en los vínculos que ambos magistrados mantendrían con la titular de la asociación demandada, Marcela Ruiz. En el planteo se detallaron elementos como fotografías correspondientes a celebraciones de cumpleaños y la existencia de contactos y amistades en redes sociales, circunstancias que fueron presentadas como causales suficientes para poner en duda la imparcialidad de los vocales al momento de resolver sobre el amparo.
Objeciones procedimentales en la integración del tribunal
El trámite del proceso judicial también sumó discusiones respecto del modo en que deben designarse los magistrados que intervienen en la causa. En este contexto, el camarista Benjamín Moisá formuló aclaraciones determinantes en torno a los pasos procesales ejecutados por los órganos auxiliares de la Justicia.
De acuerdo con la reseña de La Gaceta, Moisá advirtió que la Oficina de Gestión Asociada no debía recurrir a un sorteo para definir a los integrantes del tribunal. La postura del camarista señaló que el organismo debía proceder a la integración del órgano colegiado convocando y sumando de manera directa a la totalidad de los jueces que se encontraban habilitados para cumplir funciones en el expediente.
De esta forma, las objeciones formales planteadas en torno a la integración del tribunal y los pedidos de apartamiento por motivos de afinidad personal se sumaron a las demandas judiciales previas sobre balances y padrones, conformando un escenario de conflicto interno y debate administrativo que ahora también involucra la atención de organismos judiciales a escala nacional.