La Justicia Federal prohíbe el ingreso de la Policía provincial a las facultades de la UNT

El Juzgado Federal Número 1 de Tucumán resolvió hacer lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por docentes, nodocentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, con el patrocinio del gremio ADIUNT. A través de este fallo, la sede judicial dispuso prohibir el ingreso no autorizado, el patrullaje y cualquier acto de hostigamiento por parte de la Policía de Tucumán en las instalaciones y predios de la mencionada casa de altos estudios.

Asimismo, la disposición judicial exige la interrupción inmediata de detenciones arbitrarias, registros fílmicos clandestinos y cualquier práctica de tipo intimidatorio tanto en los accesos como en los diferentes sectores pertenecientes a la institución universitaria. La medida fue adoptada en el marco de una serie de reclamos por el presupuesto universitario y en resguardo de la comunidad académica.

Fundamentos y alcances de la resolución

En los considerandos de la medida judicial, el magistrado a cargo determinó que el accionar desplegado por las fuerzas de seguridad locales vulneró la autonomía universitaria y el principio de inmunidad jurisdiccional que rige en el ámbito federal. Al examinar los antecedentes, la autoridad judicial detectó incongruencias e inconsistencias en las presentaciones e informes remitidos de manera oficial por el Ministerio de Seguridad de la provincia y por la Jefatura policial.

De igual modo, la resolución enfatizó que las manifestaciones y diversas actividades organizadas en respaldo a la educación pública y al financiamiento de las universidades representan un ejercicio legítimo amparado por los derechos constitucionales a la protesta y a la reunión pacífica. Sobre esta base, el pronunciamiento ratificó que el personal policial dependiente de la provincia no posee facultades legales para efectuar requisas, incursiones o despliegues preventivos dentro de estos recintos si no media una orden judicial emanada de un juzgado federal.

Los hechos que motivaron la presentación

La acción judicial se originó a partir de una serie de episodios registrados a mediados de octubre en la Facultad de Filosofía y Letras, mientras se llevaban adelante medidas de fuerza vinculadas con la situación presupuestaria de la universidad.

De acuerdo con lo reportado por el portal El Tucumano, el primero de los sucesos ocurrió el 15 de octubre, cuando un agente de la fuerza de seguridad provincial ingresó al edificio y acorraló a un alumno en el sector de los sanitarios, donde se produjeron amenazas e intimidaciones físicas. Al día siguiente, el 16 de octubre, cuatro integrantes de la Guardia de Infantería entraron armados y con escudos a las instalaciones universitarias, retirándose únicamente tras el reclamo presencial formulado por una docente.

Frente a la gravedad asignada a estos hechos, se produjo una instancia de diálogo institucional previo entre autoridades universitarias y provinciales. El decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Sergio Robin, mantuvo una reunión con el ministro de Seguridad de Tucumán, Eugenio Agüero Gamboa, con la intención de examinar la actuación de los efectivos involucrados. A pesar de estas gestiones entre ambas partes, los diferentes estamentos de la facultad decidieron recurrir formalmente a la Justicia Federal mediante la presentación del hábeas corpus preventivo.

La posición de los sectores universitarios

Luego de conocerse la decisión judicial, los representantes gremiales expresaron su conformidad con los alcances del dictamen. Desde la comisión directiva del sindicato docente ADIUNT emitieron un comunicado público en el cual destacaron que la determinación del juzgado establece un límite institucional y reafirma el principio de intangibilidad de los predios universitarios frente a las intervenciones policiales.

Con este fallo, el ámbito judicial federal delimitó formalmente las competencias de las fuerzas provinciales dentro del perímetro de la casa de estudios, ratificando las garantías de resguardo para las actividades de la comunidad académica en el marco de sus reclamos.