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Una denuncia armada por exfuncionarios macristas que quedó en la nada

La causa con la que el macrismo atizó las críticas contra quién había denunciado una trama importante del espionaje de Cambiemos y contra quienes la investigaban quedó en la nada. La jueza federal María Servini dictó el sobreseimiento de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y del juez Juan Pablo Augé por la filtración de copias de actas que habían sido enviadas cuando la Justicia Federal de Lomas de Zamora investigaba cómo la exSIDE espió a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y las andanzas de los agentes conocidos como Súper Mario Bros.

En septiembre de 2020, un grupo de exagentes de la AFI se presentó en Comodoro Py para denunciar que se había filtrado un libro de actas que estaba en poder de la Justicia Federal de Lomas de Zamora y que la divulgación de esos datos los ponía en riesgo. A esa denuncia inicial se sumaron referentes de Juntos por el Cambio y se plegaron los exjerarcas de la AFI a la hora de denunciar a quienes los denunciaban o investigaban.

Uno de los argumentos que más se usó fue que la filtración ponía en riesgo a los integrantes de la AFI que estaban en el exterior y que se podrían dañar las relaciones que se habían construido con otros países. Todo eso sirvió para poner bajo asedio a Caamaño y fundamentalmente a los fiscales Incardona y Eyherabide, que venían llevando las riendas de la investigación sobre el espionaje en el macrismo.

Servini indagó el año pasado a Caamaño. En agosto, le dictó una falta de mérito y ahora decretó su sobreseimiento. Lo mismo hizo con Incardona, Eyherabide y Augé. En la causa también se había involucrado a los periodistas del portal El Destape Roberto Navarro, Ari Lijalad y Franco Mizrahi, que ya habían sido sobreseídos, y ahora Servini también adoptó una resolución similar en el caso de Santiago Sautel, responsable del portal Realpolitik que publicó la información.

Servini entendió que la información que se filtró era secreta, pero que eso no implicaba por sí solo la comisión de un delito. “La revelación por sí sola de sus nombres –se desconoce si efectivamente eran los nombres reales o en algún caso se trataba del alias otorgado por el organismo de inteligencia– no afecta la seguridad, medios de defensa, ni las relaciones exteriores de la Nación”, escribió la jueza.

El laberinto de los servicios

A principios de 2020, Caamaño denunció ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora que la AFI había espiado a CFK en su departamento de la Ciudad de Buenos Aires y en el Instituto Patria. El episodio, a esa altura, era conocido porque trabajadores de la institución detectaron un auto que pertenecía a la exSIDE en agosto de 2018 y los ocupantes se dieron a la fuga. Todo quedó registrado por las cámaras. Durante el macrismo, los directivos de la AFI dijeron que estaban haciendo tareas investigativas a pedido de la justicia, pero Caamaño sostuvo que fue un armado.

En junio de ese año, Augé ordenó detener al exdirector de Operaciones Especiales de la AFI Alan Ruiz, un hombre que había salido del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich para sumarse a la exSIDE y que había liderado las actividades de inteligencia ilegal. Después indagó a Arribas y a Silvia Majdalani. Hizo lo mismo con el exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste.

La indagatoria de Coste fue bastante peculiar: primero fue y reconoció todo, pero pidió tiempo para leer la causa. Volvió a la semana siguiente y declaró durante largas horas. La indagatoria terminó con un corte de luz y sin que se pudiera firmar el acta. El lunes, Coste avisó que estaba con síntomas de Covid. Aún así, Incardona y el secretario del juzgado fueron hasta la casa para que firmara el acta. Terminaron todos contagiados. La fiscal pasó varios días internada.

Coste había pedido ver las resoluciones que se habían firmado durante la gestión Cambiemos para sustentar lo que había revelado en su indagatoria. El fiscal Eyherabide pidió la información a la interventora Caamaño, que la envió en un auto oficial. Todo fue el 16 de julio de 2020.

Primero, la defensa de Arribas pidió que le enviaran la documentación. Después hizo lo mismo la defensa de la exSeñora Ocho. Los fiscales y el juez accedieron a subir las copias al sistema porque, por la cuarentena, no se podía consultar en la sede de la fiscalía y eso podía obstaculizar la defensa de los imputados. Hicieron eso y se filtró. La filtración fue dos meses después de que Caamaño enviara la información: en septiembre de 2020.

Los argumentos

Como el mundo de los servicios es una esfera lúgubre y sus resoluciones son secretas, Servini acudió a otros exdirectivos de la Secretaría de Inteligencia o de la AFI para entender los usos y costumbres: citó a Juan Bautista “Tata” Yofre, a Darío Richarte, a Miguel Ángel Toma, a Héctor Icazuriaga, a Francisco “Paco” Larcher, a Oscar Parrilli y a Juan Martín Mena. También declaró un director de Jurídicos que no aparece identificado en la resolución a la que accedió Página/12.

Después de tomar esas declaraciones, Servini entendió que:

La información era secreta, pero que eso no significaba que su revelación pusiera en riesgo la seguridad de la Nación;

No todos los agentes tienen funciones operativas –lo que implicaría la obligación de preservar su identidad–, sino que muchos son analistas o cumplen tareas administrativas;

Era atendible que los agentes o exagentes percibieran una sensación de “abandono” o “angustia personal» por la divulgación de sus nombres, pero que no hubo intención de exponerlos. En total, se presentaron 28 integrantes de los servicios: 4 se constituyeron como querellantes y uno fue tenido como víctima;

No estuvieron en riesgo los agentes destinados al exterior porque Caamaño ya los había convocado al inicio de su gestión porque no quería delegados a quienes no conociera. Solo uno que estaba en Europa no se encontraba en el país al momento de la filtración. No había regresado porque –casualmente– completó tres veces mal el formulario que le pedía Cancillería para repatriarlo;

Caamaño no tenía obligación de testar la información porque no hay resolución alguna que así lo ordene, pese a lo que se afirmó insistentemente en los medios. La interventora ya había declarado eso en una entrevista con este diario.

El macrismo hizo del secreto una bandera en materia de inteligencia –incluso el propio Mauricio Macri se amparó en el secreto para no declarar en indagatoria cuando lo citó el juez Martín Bava por el espionaje al ARA San Juan–, pero desde el corazón mismo de Comodoro Py la jueza Servini le terminó asestando un fuerte golpe a esa estrategia.

La jueza federal María Servini dictó el sobreseimiento de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y del juez Juan Pablo Augé por la supuesta filtración de datos durante la investigación del espionaje a Cristina Fernández de Kirchner y de las operaciones de los agentes conocidos como Súper Mario Bros.Leer más

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