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Piquetes y planes sociales, entre denuncias de ajuste y reclamos de represión

La Unidad Piquetera cortó los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y realizó en simultáneo protestas en el interior del país, para reclamar contra las suspensiones de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. Se trata de 154 mil titulares del programa que el Ministerio de Desarrollo Social suspendió por no haberse reempadronado a través una aplicación, un mecanismo que las organizaciones sociales de la izquierda impugnan. “El Gobierno hizo una auditoría virtual a sabiendas de que muchxs compañerxs están muy lejos de tener internet y en algunos pueblos no hay ni luz. Lo hizo con toda la intención de que miles quedaran afuera y así ahorrarse recursos que ascienden a 60 mil millones de pesos anuales», dijeron durante la jornada, convocada con el slogan “El FMI ordena, Tolosa (Paz) condena”. Desde la cartera plantearon que la mayoría de las suspensiones fueron realizadas correctamente y que, si hay errores, serán corregidos.

La campaña electoral elevó la temperatura del conflicto: mientras Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero, denunciaba a la ministra de Desarrollo Social, los libertarios empapelaron el centro porteño con afiches contra los piquetes. “Dejennos trabajar sin cortes” y “Este año se les termina la joda”, advirtieron en ellos. El legislador de Libertad Avanza Ramiro Marra trató de dejar al jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como un blando: “Los piqueteros rompen el orden de la Ciudad. Tienen que ir presos”, declaró. La titular del PRO, Patricia Bullrich, apuntó que el país está “tomado los 365 días del año”.

El reclamo

El reempadronamiento consistió en una validación de datos que las personas que cobran el Potenciar Trabajo debieron hacer a través de la aplicación Mi Argentina. Quienes en enero no la completaron fueron suspendidos y este mes cobraron la mitad del plan, es decir 16 mil pesos en lugar de los 32 mil mensuales del programa. Ahora está abierta una etapa de reclamos, en la que es posible todavía validar los datos. Quienes para marzo aún no hayan completado el trámite, serán dados de baja definitivamente.

Las críticas que hacen los movimientos sociales de la izquierda son varias. Recuerdan que en septiembre el ministerio había puesto en marcha una auditoría presencial, con las universidades, que empezó a realizarse pero que Victoria Tolosa Paz, al asumir como ministra, reemplazó por una auditoría virtual. Indican que para empadronarse hay que tener internet, un servicio caro y reducido, que no llega a todos los barrios ni zonas del país. Agregan que hacer el trámite no es sencillo porque incluye recibir un mail, es decir, tener una casilla de correo y responderlo, y que muchas personas, incluso contando con la ayuda de militantes de las organizaciones, hicieron la validación y sin embargo igual fueron suspendidos. Para las organizaciones, la intención más que auditar fue recortar.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social responden que en lo que va del mes recibieron “20.157 mil reclamos”. Es decir, que si hay errores van a ser corregidos, pero que el grueso de las 154 mil suspensiones están bien hechas. “La Unidad Piquetera está en todo su derecho de hacer los señalamientos que considere, pero el Ministerio es el que administra y diseña las políticas públicas y tiene derecho a cuidar los recursos del Estado, que en definitiva son los recursos de todos los argentinos», añadieron fuentes de la cartera. El número es importante, nada menos que el 10 por ciento del padrón del Potenciar, el mayor recorte desde su creación.

En la Ciudad de Buenos Aires, los principales cortes estuvieron en Puente Pueyrredón, Puente La Noria, Acceso Oeste, Autopista Panamericana y Autopista La Plata-Buenos Aires. Interrumpieron el tránsito desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, cuando Desarrollo Social llamó a la Unidad Piquetera a una reunión. Así, los manifestantes desconcentraron, aunque podrían retomar la la protesta en los próximos días según el desarrollo de las conversaciones.

Libertarios

“Es una vergüenza que desde el Ministerio de Desarrollo Social digan que la auditoría virtual fue exitosa, porque no contempla a las familias que no lograron realizarla, y que en muchos casos dependen solo de ese ingreso para poder comer”, señaló Silvia Saravia, coordinadora territorial de Libres del Sur, sobre el motivo del conflicto.

Damaris Rolón, del FOL, planteó que “los suspendidos son personas que tienen como único ingreso el plan de empleo. Esto es un crimen salvaje ordenado por el FMI y aplicado por Tolosa Paz, sacarles a las personas más humildes lo poco que tienen, en el contexto económico que estamos atravesando. El Gobierno está siguiendo al pie de la letra el plan de ajuste del Fondo Monetario y están empezando por los sectores más vulnerables que somos les trabajadores precarizades. Hoy el 50 por ciento de los trabajadores actives se encuentran en el mercado no formal”.

¿Qué piensan los dirigentes sociales sobre la movida de los libertarios? Belliboni dijo que “lo de Marra es una payasada que trata de empatizar con la gente que sufre dificultades con el tránsito, que lógicamente sufre estas situaciones de corte. Aunque Marra también habló de una brigada piquetera; todavía estamos esperando que vengan a alguna de las movilizaciones, no existe nada de eso, es todo una puesta en escena, pero peligrosa porque alienta la idea de la represión, la idea de la confrontación entre ciudadanos. No me extraña, porque los libertarios son partidarios de la eliminación de los derechos, de los derechos de las mujeres, de los trabajadores, de las minorías. Ellos son partidarios incluso de que si una persona no tiene para comer, venda su cuerpo o el cuerpo de su hijo. No se puede esperar nada de esa gente”.

Saravia agregó que “no es la primera vez que los libertarios salen con este tipo de posiciones. Tanto Marra como (Javier) Milei son diputados y hacen estas declaraciones para llamar la atención. No se los ve tan preocupados para garantizar otros derechos, siempre hablan del derecho al tránsito pero no hablan de otros derechos que no se garantizan, y cuando hablan de la intervención del Estado se contradicen, porque por un lado plantean que el Estado no tiene que intervenir y por otro lado reclaman ‘orden’, como lo llaman ellos». Saravia también lamentó «las medidas que ha tomado el Gobierno» porque «detrás hay familias, hay un montón de mujeres con niños y niñas a cargo que la están pasando muy mal. Sería bueno que tomaran conciencia de eso y que se preocuparan por esas familias que no tienen para sobrevivir”. 

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