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Américo Balbuena fue condenado a dos años de prisión por espionaje ilegal

Américo Alejandro Balbuena no levantó la vista ni siquiera para escuchar la sentencia dictada ayer al finalizar el juicio oral y público. Mantuvo su cabeza agachada, como en todas las audiencias, cuando el juez federal Daniel Rafecas lo condenó, junto a sus ex jefes Alfonso Ustares y Alejandro Sánchez, a dos años de prisión por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. El magistrado los encontró responsables de haber desarrollado tareas de inteligencia tendientes a obtener información sobre integrantes de distintas organizaciones, valiéndose del rol de periodista infiltrado como espía durante once años en la Agencia Rodolfo Walsh. «Como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar», coreó el público cuando el ex oficial de Inteligencia de la Policía Federal se retiraba de la sala de la planta baja de los tribunales federales de Retiro. En su fallo, Rafecas ordenó que se envíen testimonios de la sentencia a la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, y a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Poder Legislativo de la Nación, «a efectos que se evalúe la compatibilidad con el plexo normativo constitucional del Decreto Ley “S” 2075/58 y sus modificaciones Decreto Ley “S” 9021/1963, Decreto Ley “S” 2322/1967, y la Ley n° 17488».

La «S» es de secreto, y ese fue el mayor argumento desplegado por las defensas para justificar que Balbuena no tenía horario, ni escritorio y no rendía cuentas a nadie durante el período en que se hizo pasar por cronista para trabajar en ese medio de comunicación popular. «No era un cuentapropista como nos quisieron hacer creer, mucho menos lo hizo como un pasatiempos como también invocaron, por eso uno de los puntos de la sentencia es que sea enviada al Congreso, donde nosotros hemos presentado reiteradas veces proyectos para que este cuerpo de Inteligencia se derogue, porque sólo se dedica al espionaje político», expresó la abogada y diputada del PTS-FITU Myriam Bregman, querellante en la causa que comenzó hace una década con su denuncia, acompañada por Matías Aufieri, Liliana Mazea y Carlos Platkowski del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). «Es muy oportuno esto porque días atrás el ministro Aníbal Fernández negó su existencia, sin embargo con este fallo quedó expuesto de que sí existe, ahora deberán tomar una decisión política», agregó.

La ex ministra de Seguridad Nilda Garré había presentado un proyecto similar para la disolución de este cuerpo secreto, conocido como los «plumas», en su mandato como diputada. Este dato introducido en el debate motivó una chicana por parte del defensor de Balbuena, el ex fiscal Jorge Álvarez Berlanda. «Me pregunto por qué no lo disolvió cuando era ministra», lanzó, y hubo miradas cruzadas entre el público.

Balbuena había llegado muy temprano, como cuando cubría las movilizaciones y protestas en las calles porteñas, con su camisa a cuadros y saco azules. Una vez sentado en el banquillo de los acusados se mantuvo con su columna doblada para intentar esquivar las miradas y evitar que le sacaran fotos. En la última audiencia del proceso que había comenzado el 15 de marzo se escucharon las réplicas de la querella a los alegatos de las defensas. «Ante la pregunta de la defensa de dónde están las toneladas de informaciones que Balbuena puso a disposición de sus jefes, decimos que no se encontraron las órdenes legales ni las ilegales, entonces no asentaban nada, o lo guardaban en otro lado la documentación, por eso nos basamos en los testimonios, los legajos, las normas secretas, las entrevistas de Balbuena y con las contradicciones y omisiones en que los acusados incurrieron», expresó la abogada Mazea. «No en todos los delitos hay prueba directa, tuvimos que ampararnos en los testimonios de las víctimas y la cadena de mando», agregó.

A su turno, el abogado Aufieri destacó que en varias causas penales contra luchadores sociales aparecieron notas de Balbuena, y en particular recordó que cuando el fallecido militante Oscar Kuperman fue procesado apareció un volante que su agrupación no había podido imprimir en forma masiva, pero cuyas copias había entregado en manos de periodistas «de confianza». Balbuena entrevistaba a tomadores de predios en el Bajo Flores, vecinos que no vieron resuelto su reclamo y fueron a la ocupación del Club Albariño, única actividad reconocida por sus jefes en diez años. «La teoría de los carriles paralelos es una coartada que se termina de caer cuando sabemos que los agentes tenían que pedir autorización para viajar, pero la presencia de Balbuena en la protesta contra el ALCA en Mar del Plata, el 5 de noviembre de 2005, viaje que según Grinberg se lo pagó él solo, donde salió en teve en el foco de la represión, no consta en el legajo con ningún pedido de permiso», describió Aufieri. Y concluyó: «Fue un viaje conocido por sus superiores porque la tarea en la Walsh era conocida por ellos».

La defensa argumentó largamente sobre el objetivo del Cuerpo de Informaciones, que sería la realización de inteligencia criminal a requerimiento judicial. «La defensa describió a la sección reunión de Información como papel pintado, por eso se explica la opacidad en conjunto y que no haya órdenes escritas, ni siquiera una orden judicial, era una fachada, y cuando Ustares destacan el cumplimiento con eficacia de tareas de inteligencia de Balbuena, no dice inteligencia criminal ni tareas administrativas, como supuestamente cumple un cuadro B», apuntó el letrado querellante. En tanto, el fiscal Ariel Quety rechazó todos los planteos de nulidad y de prescripción de la causa por improcedentes y extemporáneos.

En su dúplica, Álvarez Berlanda volvió a reclamar que no fue convocado como testigo quien elaboró el informe sobre el paso de Balbuena por FM La Tribu, ya que el testimonio de Alejandro Demasi fue catalogado como «de oídas». Es que la salida del espía de esa radio como consecuencia de que alguien le dijo «¿vos no serás servicio de inteligencia?» le fue referida a él por otros. Por último, Hernán Carluccio, asistido por Bárbara Barlett en la defensa de Ustares, afirmó: «Esta es la causa de la no hipótesis, de la no prueba, esta no es una causa de lesa humanidad, y no estamos en el supuesto de una causa de abuso; Ustares tenía a cargo 60 personas y no hay pruebas de que haya sabido lo que hacía Balbuena».

El «compañero» Américo

Quienes lo conocieron en la calle como movilero coinciden en que Balbuena era ese «pesado» que insistía en grabar unas palabras para su programa de radio. Siempre de jean, remera, morral y grabador en mano. Era el que llegaba primero y se iba último de cada manifestación y corte callejero. No se le conocía pensamiento propio pero parecía inocuo, era dedicado y persistente. En 2013 sus compañeros de la Walsh descubrieron que es otro tipo de «pesado». En el caliente diciembre de 2001 había comenzado a ser parte de la red de corresponsales populares de FM La Tribu y al año siguiente entró en la Agencia Rodolfo Walsh. Había sido vecino y compañero de la escuela primaria de uno de los fundadores de ese pionero medio alternativo, Robolfo «Rodi» Grinberg. Ayer después del fallo condenatorio, el periodista dijo a Página12: «No creo en la justicia burguesa pero es algo».

El 5 de mayo de 2013 la ministra de Seguridad Nilda Garré dispuso que se investigue a todos los jefes de la sección Reunión de Información de la División Análisis de la Policía Federal. Según Garré «es claramente incompatible ser PCI (Personal Civil de Inteligencia) y trabajar en una agencia de noticias monitoreando a las organizaciones sociales». Eso era Balbuena, un PCI que durante once años «estableció vínculos de confianza y amistad con luchadores y luchadoras sociales para socavar a sus organizaciones». Por ejemplo, sus vínculos eran con los familiares de las víctimas de Cromañón, del desaparecido Luciano Arruga, de la masacre de Avellaneda y de otras víctimas de la represión estatal, como así también con un amplio espectro de integrantes de organizaciones que va desde la Federación Universitaria de Buenos Aires hasta el colectivo La Alameda, pasando por los trabajadores del Subte y los pueblos originarios. «Parecía tan bobo, a veces decía boludeces, a mí me sacaba de quicio, pero ya era medio personaje», relató Oscar Castelnovo, ex Agencia Walsh hoy miembro de Agencia para la Libertad.

Gracias al decreto 2322/67, que ahora Rafecas quiere sea analizado por el Congreso, Balbuena y el resto de los espías de la Federal –como Iosi Pérez y otros mil según estimó el ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria Marcelo Sain– tienen el superpoder de trabajar tanto en la administración pública como en el sector privado sin que eso signifique ningún tipo de incompatibilidad. Garré fue separada de su cargo días después de que la noticia se hiciera pública. Antes de irse ordenó el pase a disponibilidad preventiva de Balbuena y el inicio de un sumario administrativo.

Balbuena no sólo se disfrazó de periodista, armó un personaje «del palo progre». ¿Quién iba a cuestionar a alguien egresado de ETER, con un paso en FM La Tribu? Para que su edad, tenía 43 en 2001, y su falta de militancia no lo delataran sobreactuaba compromiso. Si le preguntaban decía que era peronista pero nunca le había interesado la política. Entre pelmazo y bonachón, se convirtió en una cara conocida por muchos de los que pelean, resisten, paran fábricas, frenan desalojos, reclaman tierras, y por tantos otros que cubren esas luchas. Por eso la noticia de que en realidad era un oficial de Inteligencia de la Federal pegó en las tripas: primero fue estupor, la bronca después, el asco de haber formado periodísticamente a un espía de la policía (pudo haber sido alumno de esta periodista). Usó y abusó de la confianza de todos y todas. Por eso además de la condena penal, Balbuena debería cargar con otra por su estafa moral.

Nada nuevo bajo el sol

Entre los dirigentes hubo coincidencia en señalar que este no es un caso aislado sino una práctica generalizada en varias fuerzas de seguridad. Correpi elaboró una cronología de los hechos de infiltración que llegaron a detectar, y otras organizaciones mencionaron sus propios casos, como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos que detectó al espía Alberto Amarilla, ex miembro del Batallón de Inteligencia 601 como militante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. También recordaron al espía militar Raúl Tarifeño, que llegó a ser candidato en las elecciones de 2007 por el MST en Neuquén.

El “Libro Azul” de la Federal, el Proyecto X de la Gendarmería, el agente Balbuena infiltrado en la Walsh, y sigue la lista. El uso de los recursos humanos y materiales del Estado para realizar tareas de inteligencia o espionaje, aunque prohibido por ley, se reitera en las últimas décadas en variados ámbitos, desde la estructura montada por el jefe de Gobierno Mauricio Macri hasta las actividades de los marinos de la base Almirante Zar. Los primeros antecedentes detectados por las organizaciones populares se remontan a los años ’80 cuando trascendieron las operaciones del DEPOC (Departamento de Protección al Orden Constitucional de la Policía Federal). A excepción de la iniciativa del menemista Carlos Alderete que en 1999 usaba los recursos del PAMI para espiar a políticos de la Alianza, periodistas y jubilados, los hechos recogidos por una cronología elaborada por la Correpi pertenecen a actividades de infiltración y espionaje concretadas por uniformados militares y de fuerzas de seguridad y penitenciarias. El listado evidencia que Balbuena no fue ni el primero ni el único agente que la Policía Federal infiltró en agrupaciones de izquierda y del campo popular.

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