El Estado nacional prepara su desembarco en las represas hidroeléctricas privatizadas durante el gobierno de Carlos Menem, en la década de los ’90, y cuyas concesiones a 30 años comienzan a vencer a partir de agosto. Se trata de un negocio de entre 100 y 200 millones de dólares por año.
La decisión del Gobierno es que esas usinas sean propiedad de Nación por las inversiones que se hicieron en la década de los ’70 y ’80, aunque las provincias invocan la reforma de la Constitución Nacional de 1994 que les transfirió la potestad de administración sobre los recursos naturales, como en el caso del agua, el petróleo y el gas.
Eventualmente, la Secretaría de Energía que encabeza Flavia Royón podría ceder la concesión de Operación y Mantenimiento a las empresas privadas como Central Puerto, Orazul Energy y las multinacionales AES (Estados Unidos) y Enel (Italia).