Tucumán impulsa una ley para garantizar la inclusión escolar de estudiantes con discapacidad
El proyecto lleva la firma del gobernador Osvaldo Jaldo y de la ministra de Educación Susana Montaldo, y propone una reorganización del servicio de inclusión educativa en la provincia.
Apenas dos días después de la apertura del período de sesiones ordinarias de la Legislatura, el Poder Ejecutivo de Tucumán envió su primer proyecto de ley del año 2026. La iniciativa busca crear un nuevo marco normativo para garantizar la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad dentro del sistema educativo provincial y evitar que las familias deban gestionar o financiar por su cuenta el acompañamiento escolar.
El proyecto lleva la firma del gobernador Osvaldo Jaldo y de la ministra de Educación Susana Montaldo, y propone una reorganización del servicio de inclusión educativa en la provincia. Entre los principales cambios, plantea incorporar a los docentes de apoyo a la inclusión como parte permanente de la estructura de las escuelas de educación obligatoria y, al mismo tiempo, derogar la actual Ley 9.575.
La iniciativa establece como objetivo central garantizar que niños, niñas y adolescentes con discapacidad accedan a una educación de calidad a partir de un enfoque integral e interdisciplinario. Para ello, propone un trabajo articulado entre docentes de grado, docentes de educación especial y equipos técnicos, con el fin de favorecer el acceso al conocimiento y promover la autonomía de los estudiantes para su desarrollo social una vez finalizada la etapa escolar.
En los fundamentos del proyecto se advierte que el modelo actual, basado en la demanda individual de docentes de apoyo para cada estudiante con discapacidad, puede derivar en una mirada excesivamente medicalizada de las trayectorias educativas. Según se explica, la relación rígida de “un docente de apoyo por alumno” y el predominio de diagnósticos clínicos en las decisiones pedagógicas pueden generar el riesgo de patologizar las infancias y adolescencias.
El documento también incorpora aportes bibliográficos, entre ellos el trabajo de las especialistas Gisela Untoiglich y Graciela Szyber, autoras del libro Las promesas incumplidas de la inclusión. Allí se advierte que muchas familias temen que sus hijos queden fuera del sistema educativo y, ante la falta de respuestas institucionales, terminan asumiendo de manera individual la búsqueda de soluciones.
De acuerdo con ese enfoque, cuando el sistema educativo delega la responsabilidad en las familias, suele generarse un proceso en el que cada niño recibe un diagnóstico médico y se recurre a la contratación de personal externo para acompañarlo en el aula. Esto provoca que distintos profesionales ingresen a las escuelas sin formar parte del proyecto institucional ni de una estrategia pedagógica integrada.
El proyecto reconoce que la presencia de docentes de apoyo puede ser una herramienta valiosa para acompañar las trayectorias escolares de estudiantes con discapacidad. Sin embargo, plantea que su rol debe definirse en función de las necesidades reales de cada alumno.
En ese sentido, se señala que la figura del denominado “docente sombra”, que acompaña de manera permanente durante toda la jornada escolar, podría limitar el desarrollo personal del estudiante y su capacidad para afrontar desafíos de manera autónoma. Por ese motivo, la iniciativa propone que el acompañamiento sea una estrategia temporal, orientada a fortalecer habilidades sociales y académicas que permitan una futura inserción educativa y laboral.
El nuevo esquema prevé que cada institución educativa cuente con un docente de apoyo a la inclusión integrado a su plantel. Ese profesional tendrá la función de intervenir en las situaciones que lo requieran, trabajando de manera coordinada con el equipo técnico y ajustando su intervención a las particularidades de cada estudiante.
Desde el Ejecutivo remarcaron que uno de los objetivos centrales del proyecto es garantizar que las familias no deban realizar trámites administrativos ni contratar profesionales externos para acceder a este acompañamiento educativo.
De aprobarse la iniciativa, el sistema educativo provincial asumirá directamente la responsabilidad de brindar este servicio de manera automática y gratuita, evitando que los padres deban recurrir a procesos judiciales o afrontar gastos particulares para garantizar la inclusión escolar de sus hijos.