La Justicia ordenó al Gobierno aplicar de inmediato la ley de financiamiento universitario

La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno nacional y ratificó la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a implementar sin demoras la Ley de Financiamiento Educativo Universitario y de Recomposición Salarial Docente.

El fallo exige el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan la actualización de los salarios de docentes y no docentes de universidades públicas entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma, en septiembre de 2025. Asimismo, dispone la recomposición de los programas de becas estudiantiles.

En su resolución, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán fueron contundentes al cuestionar la postura oficial: calificaron como “poco serios” los argumentos del Estado que sostenían que la cautelar implicaba una sentencia definitiva encubierta. Además, subrayaron que “el impacto fiscal de la medida es bajo” y que no se ve comprometido el interés público. Por el contrario, remarcaron que está en juego un derecho central garantizado por la Constitución: el acceso a la educación superior pública.

La cautelar había sido dictada en diciembre pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a más de 40 universidades públicas. En aquel momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 —que suspendía la aplicación de la ley— presentaba “rasgos de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. También advirtió una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico” debido a la demora en su implementación.

Desde el Gobierno, en tanto, se había cuestionado la resolución judicial al tildarla de “arbitraria” y sostener que la norma requería previamente definir sus fuentes de financiamiento e incluir las partidas en el Presupuesto. Según el Ejecutivo, esa atribución corresponde al Congreso y no al Poder Judicial, además de advertir sobre posibles efectos en el equilibrio fiscal, argumentos que fueron desestimados por la Cámara.

El conflicto con el sistema universitario se intensificó entre 2024 y 2025, con masivas movilizaciones en todo el país. Las protestas alcanzaron su punto álgido en la Marcha Federal de octubre de 2024 y en la convocatoria del 17 de septiembre de 2025 bajo la consigna “Si hay veto, hay marcha”, en rechazo a la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley, pese a su aprobación legislativa.

Aunque el Congreso logró sancionar la norma y superar los vetos presidenciales, el Ejecutivo avanzó luego con un decreto para frenar su aplicación, lo que derivó en la actual disputa judicial.

En paralelo, el Gobierno trabaja en una alternativa legislativa que no elimine el esquema vigente, sino que lo modifique con consenso político. Desde la Secretaría de Educación aseguran que el objetivo es alcanzar una solución que garantice recursos y, al mismo tiempo, brinde seguridad jurídica al sistema universitario.