Ante una campaña de hostigamiento a jueces y fiscales la Justicia tucumana se declaró en alerta

La Justicia de Tucumán se encuentra en estado de alerta tras la difusión de campañas de hostigamiento, difamación e intimidación dirigidas contra jueces y fiscales, que incluyeron panfleteadas y la colocación de afiches tanto en la provincia como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese contexto, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) expresó su “enérgico rechazo” frente a cualquier tipo de escrache, amenaza o manifestación intimidatoria contra integrantes del Poder Judicial.

“En una democracia, las decisiones judiciales pueden y deben ser cuestionadas por las vías legales y en un marco de respeto. Lo que no puede admitirse es la violencia en cualquiera de sus formas contra quienes piensan o deciden de manera diferente”, señaló la entidad, al advertir que la persecución personal y el amedrentamiento “lesionan gravemente el Estado de Derecho”.

En ese sentido, la AMT remarcó que la independencia judicial “es una garantía de la ciudadanía y no un privilegio”, y advirtió que su debilitamiento impacta directamente en la protección de los derechos de la población.

A esta posición se sumó la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), que expresó su “total adhesión” al comunicado emitido por la entidad tucumana y manifestó su solidaridad con magistrados y fiscales afectados por los hechos denunciados.

La FAM también condenó los recientes episodios de hostigamiento e intimidaciones anónimas, al considerar que no constituyen un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, sino “un ataque directo a la institucionalidad y un intento de condicionar el libre ejercicio de la función judicial”.

“La independencia de los jueces y fiscales no es un privilegio de quienes ocupan esos cargos, sino una garantía de protección para toda la ciudadanía”, sostuvo la federación.

Asimismo, el organismo advirtió que el amedrentamiento y la estigmatización “lesionan gravemente el tejido democrático y ponen en riesgo la seguridad de quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia”.

Finalmente, la FAM exhortó a las autoridades competentes a garantizar las condiciones necesarias para el normal funcionamiento del Poder Judicial. “Exhortamos a que magistrados, magistradas y funcionarios puedan desempeñar sus tareas con la libertad, independencia e integridad necesarias para asegurar el imperio de la Constitución y las leyes”, concluyó.