El Concejo derogó la ordenanza del estacionamiento medido y abre el debate por un nuevo sistema en la Capital
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán derogó la ordenanza que sirvió de base para la implementación del estacionamiento medido en la ciudad y dejó abierta una nueva etapa de discusión sobre cómo regular el uso del espacio público y ordenar el tránsito en la Capital.
La decisión se produce meses después de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ratificara la nulidad del contrato de concesión del sistema aplicado durante la gestión de Germán Alfaro. Con la derogación de la Ordenanza N° 4.758, sancionada en 2015, quedó sin efecto el marco legal que había permitido el llamado a licitación y la puesta en marcha del servicio.
Durante la sesión, los concejales coincidieron en que la medida no implica descartar definitivamente el estacionamiento medido, sino replantear el modelo bajo criterios de ordenamiento urbano e inclusión social.
El presidente de la comisión de Transporte, José María Franco, sostuvo que la derogación busca generar las condiciones para construir una propuesta superadora. “Tomamos una decisión pensando en el futuro”, señaló, al defender la necesidad de contar con herramientas que contribuyan a mejorar la circulación vehicular en el centro tucumano.
Uno de los ejes centrales del debate fue la situación de los cuidacoches y trabajadores informales que actualmente desarrollan tareas vinculadas al estacionamiento en la vía pública. Desde el oficialismo, Ernesto Nagle afirmó que existe un compromiso para avanzar en un esquema que contemple su inclusión laboral y permita regular una actividad que hoy se desarrolla sin marco legal.
En la misma línea, el concejal Gastón Gómez consideró que cualquier iniciativa debe incorporar una mirada social y generar oportunidades para quienes dependen de ese trabajo como fuente de ingresos.
Por otra parte, algunos ediles plantearon la necesidad de combatir los abusos que se registran actualmente en las calles. Federico Romano Norri advirtió sobre situaciones en las que algunos trapitos exigen sumas elevadas a los automovilistas y remarcó que cualquier nuevo sistema deberá contar con legitimidad social y reglas claras.
Desde la oposición también señalaron el desorden existente en materia de tránsito y estacionamiento. Gustavo Cobos describió la situación actual como “una búsqueda del tesoro” para encontrar un lugar donde dejar el vehículo, mientras que Gonzalo Carrillo Leito cuestionó el esquema económico del contrato anulado, recordando que el municipio recibía apenas el 15% de la recaudación.
A su vez, Facundo Vargas Aignasse destacó que la discusión forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la movilidad urbana, junto con iniciativas vinculadas a plataformas digitales y la actualización del Código de Planeamiento Urbano.
Con la derogación ya aprobada, el estacionamiento medido implementado en 2022 quedó definitivamente atrás. Ahora, el desafío será consensuar un nuevo modelo que logre equilibrar orden urbano, inclusión social, control del espacio público y aceptación ciudadana en una ciudad donde el tránsito sigue siendo uno de los principales problemas cotidianos.