CTERA reportó un acatamiento “altísimo” al paro docente nacional
Capital Humano anunció sanciones por el incumplimiento del servicio mínimo en las escuelas, mientras los gremios reclaman la reapertura de paritarias y mayor inversión en educación.
En un clima de creciente confrontación entre los gremios y el Ejecutivo, la CTERA llevó adelante un paro docente en todo el país que coincidió con la vuelta a clases tras las vacaciones de invierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, afectando a la mayoría de las escuelas públicas.
Motivos y alcance de la medida
El sindicato centralizó su medida en la denuncia de la “permanente negativa” del Gobierno a convocar a una mesa paritaria nacional. Desde la organización informaron que el paro tuvo “un altísimo acatamiento en todo el país”, con masiva participación en movilizaciones y acciones provinciales. Según el comunicado, la huelga busca visibilizar el malestar por el ajuste sobre la educación pública, la falta de diálogo y la urgencia de recomponer salarios.
Reclamos principales
Los ejes planteados por los dirigentes sindicales fueron diversos y abarcaron:
- Reapertura de la Paritaria Nacional Docente para actualizar el piso salarial federal.
- Mejoras en el financiamiento educativo y la restitución del FONID.
- Pago de los fondos nacionales destinados a educación y sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, en rechazo al proyecto oficial de Ley de Libertad Educativa.
- Inversión en infraestructura escolar y construcción de escuelas nuevas.
En su discurso durante la movilización porteña, la titular de la CTERA, Sonia Alesso, denunció una “grave crisis presupuestaria” y afirmó que los docentes cobran “salarios de hambre”, con ingresos congelados que no alcanzan para llegar a fin de mes.
Voces sindicales: críticas y advertencias
Tras la jornada de protesta, dirigentes de distintas centrales y gremios coincidieron en un diagnóstico crítico. Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT, señaló que “la República Argentina está atravesando una profunda crisis en el sistema educativo” y reclamó políticas que valoricen el trabajo docente.
La secretaria general de SADOP, Marina Jaureguiberry, puso el acento en las condiciones laborales y de vida de las y los trabajadores, aludiendo a la alta presencia de mujeres cabezas de familia que cobran salarios por debajo de la pobreza. Desde la CGT, Cristian Jerónimo fustigó al Gobierno por su “insensibilidad” ante los reclamos mayoritarios y adelantó la posibilidad de otras medidas de fuerza conjuntas.
Impacto en las aulas
La huelga afectó la presencialidad en los niveles inicial, primario y secundario del sector público. Algunas instituciones privadas funcionaron con normalidad, aunque los gremios reportaron amplia adhesión en todo el sistema educativo.
Fiscalización y respuesta del Gobierno
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, desplegó agencias territoriales para fiscalizar el cumplimiento de la cobertura mínima durante la huelga y advirtió que, de comprobarse incumplimientos, se activarían protocolos para aplicar “las sanciones que correspondan”. La coordinación estuvo a cargo de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La fiscalización se apoya en la Ley 27.802, que declara al cuidado de menores y a la educación como servicio esencial y establece que durante una medida de fuerza la cobertura no podrá ser inferior al 75% de la prestación habitual. Desde el Gobierno aclararon que la aplicación de sanciones no sería automática: primero debe constatarse el incumplimiento, individualizar responsabilidades y tramitar el correspondiente procedimiento administrativo con posibilidad de defensa y revisión judicial.
Balance y perspectivas
La jornada dejó en evidencia la polarización entre el movimiento sindical docente y el Ejecutivo: por un lado, reclamos salariales, presupuestarios y de políticas públicas; por el otro, un Estado dispuesto a fiscalizar y sancionar en el marco de una normativa que redefine ciertos servicios como esenciales. Los dirigentes insistieron en la necesidad de combinar acciones en la calle, la vía judicial y la legislativa, y anticiparon que la pelea por la recomposición y por las condiciones de la educación pública continuará en distintos planos.
La evolución del conflicto dependerá de la apertura o no de una instancia paritaria nacional y de la capacidad de ambas partes para negociar medidas concretas que permitan retomar la normalidad escolar y atender los reclamos estructurales del sistema educativo.