Un ex candidato a intendente y un empleado municipal de Alberdi son juzgados por doble homicidio en Salta.SEGUÍ ALEGATOS EN VIVO

Dos tucumanos y un hombre de Salta enfrentan un juicio por jurados por el doble homicidio de dos ciudadanos bolivianos cuyos cuerpos fueron encontrados en mayo de 2024 en una zona rural del norte salteño. Entre los acusados se encuentra Elvio Augusto Díaz, procurador y ex candidato a intendente de Juan Bautista Alberdi, junto con Carlos Fernando Rodríguez, conocido como “Kokoz”, quien trabajaba en la Municipalidad de esa ciudad.

El tercer imputado es Roberto Enrique Larrán, residente de Orán. Los tres están acusados por los asesinatos de Wilson Abdón Zutara y Ariel Fernando Ledesma Salinas, cuyos cuerpos fueron hallados el 10 de mayo de 2024 a un costado del camino que conecta la ruta nacional 34 con la localidad de Urundel, cerca de Colonia Santa Rosa. El debate comenzó el martes 27 de octubre y se desarrolla bajo la modalidad de juicio por jurados, con la dirección del juez técnico Raúl Fernando López.

La hipótesis de la Fiscalía

Según la acusación, los tres hombres habrían coordinado sus movimientos para interceptar a las víctimas y asesinarlas. La reconstrucción fiscal sostiene que Díaz mantenía un vínculo previo con Zutara y que habría intervenido en el encuentro con ambos ciudadanos bolivianos antes del ataque.

Los investigadores sostienen que las víctimas fueron sorprendidas, reducidas y atacadas con armas de fuego. Uno de los hombres tenía las manos sujetas con precintos. Después del crimen, el vehículo en el que se desplazaban fue encontrado abandonado en la provincia de Jujuy. La Fiscalía acusa a los imputados como coautores de homicidio calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego.

Qué dicen los acusados y sus defensas

Durante las primeras audiencias, los tres imputados rechazaron los cargos. De acuerdo con la información publicada por medios salteños y tucumanos, Díaz sostuvo que había viajado a Orán por motivos laborales y negó haber participado en los homicidios. Rodríguez también cuestionó la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía.

Las defensas plantearon objeciones sobre los horarios, los registros de cámaras de seguridad y la falta de pruebas que, según sus argumentos, permitan establecer una participación directa de sus representados en el doble crimen. También cuestionaron aspectos de la investigación y solicitaron que los acusados sean declarados no culpables. Estos planteos deberán ser evaluados junto con las pruebas incorporadas durante el debate.

Las defensas cuestionaron la reconstrucción presentada por la Fiscalía y plantearon que no existen pruebas suficientes para vincular a sus representados con las ejecuciones.

Los abogados de Díaz, Mabel Castillo y Miguel Nicolás Fernández, afirmaron que el procurador había viajado a Orán por motivos laborales, concretamente para cobrar honorarios correspondientes a gestiones realizadas para familiares de una de las víctimas.

También destacaron que los estudios periciales no habrían identificado material genético de Díaz en las muestras tomadas de las manos y uñas de los fallecidos. Agregaron que no se encontró un arma de fuego en su poder ni se acreditó que hubiera efectuado disparos.

Por su parte, el defensor de Rodríguez, Cristian Morales Poma, puso el foco en los registros de cámaras de seguridad que, según su interpretación, ubicarían al Toyota Corolla en la zona de Pichanal y la ruta nacional 34 entre las 3.10 y las 3.15.

El abogado sostuvo que esos horarios resultarían incompatibles con la presencia de su defendido en el lugar donde se produjo el doble crimen. También cuestionó que no se hubieran profundizado otras líneas investigativas relacionadas con una motocicleta mencionada por testigos y con registros de antenas telefónicas.

La causa adquirió repercusión en Tucumán por los antecedentes y las relaciones políticas de algunos imputados.

Díaz había sido candidato a intendente de Juan Bautista Alberdi y mantenía vínculos con instituciones deportivas y actividades comunitarias, especialmente con el club La Querencia.

Rodríguez, en tanto, trabajaba en la Municipalidad de Alberdi y fue señalado como una persona cercana al exsecretario de Hacienda José Roldán, imputado en una investigación por presunto lavado de activos. Tras conocer que era buscado, Rodríguez se presentó ante la Policía.

Durante la investigación también surgieron referencias a posibles vínculos de algunos involucrados con actividades relacionadas con el narcotráfico. Díaz había sido investigado previamente por la Procuraduría de Narcocriminalidad en una causa por presunto transporte de drogas.

Además, se incorporaron escuchas telefónicas en las que, según la acusación, aparecían menciones a armas que podrían estar relacionadas con el ataque. Sin embargo, estas circunstancias no acreditan por sí mismas la responsabilidad de los imputados en los homicidios.

Las defensas insistieron en que los antecedentes, las relaciones personales y las sospechas sobre otras actividades no pueden reemplazar las pruebas necesarias para demostrar una participación directa en los asesinatos.

El juicio continuará con la declaración de testigos y la incorporación de pericias, registros telefónicos y grabaciones de cámaras de seguridad. El jurado deberá determinar si la Fiscalía consigue demostrar su acusación más allá de toda duda razonable o si las inconsistencias señaladas por las defensas impiden establecer la responsabilidad penal de los tres imputados.

Este jueves se esperan los alegatos finales

El miércoles se recibieron las declaraciones de los testigos convocados por las partes. Al finalizar esa etapa, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves 29 de octubre, cuando están previstos los alegatos finales de la Fiscalía y las defensas, además de las eventuales réplicas.

Después de esa instancia, los acusados podrán pronunciar sus últimas palabras y el juez técnico impartirá al jurado las instrucciones necesarias para la deliberación. Los 12 integrantes titulares deberán resolver si los imputados son culpables o no culpables de los delitos que se les atribuyen.

La causa genera especial atención en Tucumán por la procedencia de dos de los acusados y los antecedentes públicos de Díaz, quien compitió por la intendencia de Alberdi. La decisión final estará en manos del jurado popular, que deberá analizar las pruebas y los argumentos de ambas partes antes de emitir su veredicto.