El Gobierno nacional oficializó el cierre de 72 Registros del Automotor en el país con alcance en Tucumán
Dentro de la nómina de seccionales que dejarán de operar, la provincia de Tucumán se encuentra alcanzada de manera directa por la clausura del Registro Seccional con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola.
El Ministerio de Justicia de la Nación dispuso el cierre operativo de 72 Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios en todo el país. La medida se formalizó a través de la Resolución 538/2026, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques y publicada en el Boletín Oficial, en el marco de una serie de reformas orientadas a reorganizar la estructura del sistema registral vehicular a nivel nacional.
La disposición impone un plazo perentorio de 60 días hábiles para que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios concrete la clausura de las dependencias y lleve adelante la redistribución de los dominios y legajos hacia aquellas seccionales que permanezcan en funciones. Del total de 72 dependencias alcanzadas por la medida, 67 corresponden a supresiones directas establecidas en esta normativa, mientras que las cinco restantes corresponden a oficinas cuya baja administrativa había sido resuelta formalmente durante 2025 y que ahora deberán finalizar su cierre operativo dentro del mismo lapso fijado.
El alcance territorial y la sede afectada en Tucumán
Dentro de la nómina de seccionales que dejarán de operar, la provincia de Tucumán se encuentra alcanzada de manera directa por la clausura del Registro Seccional con Competencia Exclusiva sobre Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial y de Créditos Prendarios de Concepción, identificado con el código técnico 73003. Con esta decisión, la oficina ubicada en el sur tucumano cesará sus actividades habituales una vez vencido el período de transición.
La resolución tiene alcance en un total de 16 jurisdicciones de distintas regiones del país. En el Noroeste Argentino, además del caso tucumano, se dispuso el cese de oficinas en Jujuy, con la delegación de La Quiaca; en Salta, con registros en la capital provincial y en General Güemes; en Santiago del Estero, con la seccional de Añatuya; y en La Rioja, donde se ordenó el cierre de dos sedes. Asimismo, el listado abarca delegaciones en provincias de gran volumen operativo como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abarcando principalmente registros vinculados con maquinaria, motovehículos y automotores.
Marco de modernización y continuidad de trámites
El proceso responde a los lineamientos trazados por el Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor, aprobado en julio de este año. Los considerandos oficiales expresan que el programa apunta a consolidar esquemas de gestión simplificados y eficientes, enfocados en mejorar la atención al ciudadano. Desde la cartera de Justicia se argumentó que la supresión y concentración de sedes busca fortalecer la prestación de los servicios registrales y optimizar las condiciones de trabajo, procurando garantizar que la ciudadanía no vea menoscabado su acceso regular a los trámites.
A fin de no interrumpir las gestiones en curso ni afectar la seguridad jurídica de las operaciones registradas, el texto normativo ordenó a la Dirección Nacional distribuir los legajos de las oficinas suprimidas entre las dependencias que permanezcan operativas. Si bien la resolución no determinó de forma previa la oficina receptora exacta para cada uno de los casos, facultó al organismo central a designar las sedes de destino y asegurar la plena validez de los trámites radicados en las seccionales dadas de baja.
Como parte del esquema de absorción de la demanda, las dependencias que continúen en actividad recibirán competencias ampliadas para inscribir e intervenir en trámites sobre automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial, además de prendas con registro sobre bienes muebles no registrables. Por su parte, la normativa ratificó que los encargados titulares de los registros receptores conservarán sus cargos y extenderán formalmente sus designaciones a las nuevas denominaciones que surjan de la reestructuración.