El Gobierno oficializó un nuevo régimen de retiros voluntarios para la administración pública nacional
El Poder Ejecutivo nacional formalizó la puesta en marcha de un nuevo régimen de retiros voluntarios destinado al personal de la Administración Pública Nacional Centralizada. La medida fue establecida a través del Decreto 1203/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La etapa de adhesión permanecerá abierta del 1° al 30 de noviembre, con la posibilidad de una prórroga de hasta 30 días corridos a cargo de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.
La normativa alcanza al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a quienes poseen contratos por tiempo indeterminado. De acuerdo con información difundida por Sturzenegger y reflejada por Clarín, alrededor de 20 mil trabajadores se encuentran en condiciones de optar por este mecanismo. El decreto también dispone que las distintas áreas deberán gestionar la eliminación de los cargos presupuestarios correspondientes una vez concretado el cese laboral. Por otra parte, el ministro aclaró públicamente que quienes adhieran no podrán reincorporarse a la administración estatal a menos que devuelvan el dinero percibido.
Esquemas de compensación y grupos de beneficiarios
El sistema fija diferentes compensaciones económicas distribuidas en tres categorías de agentes según su edad y trayectoria previsional. El primer grupo abarca a mujeres a partir de los 58 años y a hombres desde los 63 que no reúnen los aportes requeridos para acceder a la jubilación ordinaria. En este segmento existen dos caminos posibles: percibir mensualmente el 60 por ciento del salario bruto habitual durante un máximo de 36 meses o hasta cumplir los requisitos jubilatorios, conservando aportes y cobertura de obra social, o bien cobrar una gratificación única equivalente a un sueldo bruto por cada año de antigüedad o fracción mayor a tres meses, con un límite de 18 sueldos y sin superar los meses restantes para jubilarse.
El segundo grupo comprende a mujeres de entre 58 y 64 años y varones de entre 63 y 64 años que cuenten con al menos 30 años de aportes jubilatorios. En estos casos, la compensación será de un sueldo bruto por año trabajado o fracción superior a tres meses, con un tope de 18 remuneraciones, a lo que se adicionará una suma fija equivalente a cinco salarios brutos independientemente de la antigüedad acumulada.
El tercer grupo está integrado por mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años. La gratificación consistirá en un sueldo bruto por año de servicio o fracción mayor a tres meses, con un tope de 20 sueldos. A su vez, quienes posean menos de 15 años de antigüedad en planta permanente percibirán cuatro remuneraciones adicionales, mientras que aquellos con 15 años o más sumarán cinco sueldos complementarios.
Alcances y excepciones del programa
La regulación gubernamental determinó restricciones para diversas áreas del sector público. Quedaron excluidos del retiro los miembros de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad y policiales, tanto en actividad como retirados, los integrantes de la Secretaría de Inteligencia del Estado, los trabajadores en cargos docentes o civiles en el exterior y los elencos estables de orquestas, coros y ballet nacionales.
Tampoco podrán sumarse las personas procesadas por delitos contra la administración pública, con sumarios administrativos en curso, en trámite de jubilación o retiro por invalidez, quienes hayan renunciado con anterioridad o quienes hayan sido puestos en situación de disponibilidad. En el caso del personal con funciones sindicales, la normativa establece que quienes deseen acogerse al programa deberán presentar previamente la renuncia a su rol de delegado ante su gremio.
Posiciones encontradas sobre la iniciativa
El anuncio generó reacciones contrapuestas entre los funcionarios nacionales y las entidades sindicales. Desde la administración central, el ministro Sturzenegger celebró la publicación de la medida y argumentó que forma parte del plan para reducir el gasto público con la finalidad de bajar impuestos, señalando a la vez que desde el inicio de la gestión presidencial se han desvinculado a más de 77 mil empleados estatales.
Por su parte, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, rechazó los términos del régimen y sostuvo ante Clarín que no se trata de una salida voluntaria sino de un despido extorsivo. El dirigente sindical remarcó que los empleados enfrentan la disyuntiva de aceptar la compensación o quedar sin trabajo ni cobertura asistencial, cuestionó la contratación de consultoras privadas y anticipó que la entidad evalúa la adopción de nuevas medidas de fuerza.