El Gobierno prorrogó por un año la compatibilidad entre el trabajo rural registrado y los planes sociales
El Gobierno nacional extendió la vigencia de la norma que permite a las personas contratadas para tareas temporales en el campo conservar los planes y beneficios sociales mientras se desempeñan en el empleo registrado. La medida fue formalizada este lunes en el Boletín Oficial a través del Decreto 1204/2026, el cual prorroga por un año, con vigencia retroactiva contada a partir del 1° de septiembre de 2026 y hasta el 1° de septiembre de 2027, el marco regulatorio fijado originalmente por el Decreto 514/2021.
La disposición presidencial lleva la firma de Javier Milei, junto a las del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, según informó el diario Clarín. La publicación oficial se concretó luego de que transcurriera más de un mes y medio desde el vencimiento del esquema anterior, en un contexto marcado por solicitudes de continuidad por parte de las representaciones del sector productivo y gremial.
Alcances y condiciones del régimen
El esquema ratificado asegura la complementariedad entre las políticas de asistencia estatal y el empleo en blanco en actividades estacionales del agro. De acuerdo con el texto normativo, las personas que sean contratadas bajo estas modalidades pueden mantener programas como Volver al Trabajo, la Tarjeta Alimentar y las Asignaciones Familiares que percibían de manera previa a su incorporación laboral.
Asimismo, la regulación estipula una garantía respecto de los ingresos familiares: las asignaciones que perciban los trabajadores comprendidos en el régimen no pueden ser inferiores al 100% del valor fijado para la Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Por su parte, las empresas y empleadores que contraten personal bajo estos términos continúan accediendo a una reducción en las contribuciones patronales, con el propósito de alentar la regularización del personal y cubrir la demanda de mano de obra en las cosechas y campañas.
El reclamo de los trabajadores rurales
La continuidad de la normativa era aguardada con preocupación por la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Desde la entidad sindical habían advertido que la demora en renovar el marco legal ponía en riesgo 120.000 puestos de trabajo en todo el territorio nacional.
En este sentido, el secretario general del gremio, José Voytenco, había enviado una carta a la ministra Pettovello señalando que la falta de prórroga representaba una amenaza concreta para las familias rurales y la producción del interior. Según remarcó el dirigente en dicha comunicación, el mecanismo es clave para que los trabajadores acepten tareas registradas sin perder la red de contención económica indispensable para su subsistencia, advirtiendo que la caída del sistema desalentaba la formalización y generaba problemas de cobertura en las economías regionales.
Fundamentos oficiales y antecedentes
El sistema fue establecido inicialmente en agosto de 2021 durante la presidencia de Alberto Fernández por un término de dos años, y fue renovado en 2023 por un periodo idéntico. Durante el año pasado, la administración encabezada por Javier Milei dispuso extenderlo por doce meses más hasta septiembre pasado, plazo que ahora fue ampliado nuevamente por otro año.
Al justificar la prórroga, los considerandos del decreto gubernamental indicaron que, una vez cumplido el plazo formal de vigencia, diversos actores representativos de las economías regionales, agrupaciones de productores y entidades sindicales manifestaron que resultaba conveniente mantener la norma para consolidar los resultados obtenidos. El Ejecutivo evaluó que estas herramientas favorecieron la inclusión en el mercado laboral formal, además de aportar a la mejora de los ingresos y las condiciones de vida de los trabajadores agrarios y de sus grupos familiares.