El Congreso debate el presupuesto universitario de 2027 en un escenario de tensión política y judicial
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados recibe este martes al secretario de Educación, Carlos Torrendell, y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. La presentación se produce en el marco de las reuniones informativas previas a la firma del dictamen del proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo, en un contexto marcado por las diferencias entre el oficialismo y la comunidad académica respecto del financiamiento de la educación superior.
El punto central de la discusión gira en torno a los montos proyectados para el próximo período fiscal. Las casas de altos estudios nucleadas en el Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a unas sesenta universidades de gestión pública, formalizaron una solicitud de once billones de pesos para garantizar su funcionamiento y el pago de salarios. En contrapartida, el proyecto remitido por el Gobierno contempla una asignación de 7,3 billones de pesos. Frente a esta brecha, legisladores de la oposición y autoridades universitarias propusieron que se compensen las partidas apelando a la denominada Jurisdicción 91, un fondo administrado por la Secretaría de Hacienda destinado a asistencia financiera y emergencias.
La disputa judicial en torno a la Ley de Financiamiento
La controversia legislativa se superpone con un prolongado litigio derivado de la Ley de Financiamiento Universitario. Dicha norma, que contemplaba la actualización salarial de docentes y no docentes en base a la inflación registrada desde diciembre de 2023, había sido aprobada por el Congreso y luego vetada por el presidente Javier Milei. No obstante, ambas cámaras ratificaron la iniciativa con el voto de los dos tercios. Tras su promulgación, el Poder Ejecutivo dispuso la suspensión de sus efectos a través del decreto 759/2025, al argumentar que la legislación no determinaba los mecanismos presupuestarios de fondeo.
La medida oficial fue cuestionada en los tribunales por el Consejo Interuniversitario Nacional. La causa avanzó a través de sucesivas resoluciones, entre ellas una medida cautelar y un fallo de primera instancia del juez federal Martín Cormick que declaró la inconstitucionalidad del decreto presidencial, pronunciamiento que fue apelado por los representantes legales del Estado. En las últimas semanas también se tramitaron controversias en torno a multas económicas aplicadas a la Jefatura de Gabinete por incumplimiento de la cautelar, las cuales fueron suspendidas por la Cámara de Apelaciones a la espera del análisis de fondo.
La postura del Gobierno y las pautas administrativas
Desde el Poder Ejecutivo, el subsecretario Alejandro Álvarez defendió la posición gubernamental al plantear que se actúa dentro del marco normativo vigente. El funcionario argumentó que la Ley de Administración Financiera y el artículo 5 de la Ley de Ejecución Presupuestaria exigen que toda norma que autorice gastos especifique formalmente su financiamiento, facultando la suspensión en caso de que esto no ocurra. Asimismo, las autoridades señalan que han cumplido las disposiciones cautelares y que el curso judicial de las apelaciones respalda el procedimiento estatal.
Por otra parte, según consignó la agencia Noticias Argentinas, el proyecto de presupuesto para 2027 incorpora pautas de control administrativo para las instituciones de nivel superior. La iniciativa establece la obligación de remitir información detallada al Ministerio de Capital Humano sobre la asignación, utilización y evaluación de las partidas enviadas, habilitando la posibilidad de interrumpir transferencias si los requerimientos no se cumplen. De igual modo, estipula que los aumentos salariales para dicho ejercicio se aplicarán tomando como referencia las plantas de personal vigentes en noviembre de 2026, salvo excepciones que apruebe la cartera nacional.
El panorama global del gasto educativo
El debate específico sobre la educación superior tiene un peso determinante en el área educativa. La partida asignada a las universidades abarca el 80,1% del total administrado por la Secretaría de Educación, mientras que la educación obligatoria y superior no universitaria representa el 14,6%, y el 8,4% corresponde a otros gastos, teniendo en cuenta que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumen la mayor parte del sostenimiento de los niveles inicial, primario y secundario.
En términos globales, el presupuesto total del área educativa asciende a 9,8 billones de pesos, de acuerdo con Noticias Argentinas. Dentro de este esquema se proyectan reducciones en programas vinculados con becas estudiantiles, comedores escolares, formación docente e infraestructura, en tanto que se asigna un incremento focalizado al Plan Nacional de Alfabetización con una partida de 773.000 millones de pesos.
La discusión en la Comisión de Presupuesto, presidida por Bertie Benegas Lynch, se desarrolla en un clima de alta sensibilidad pública, tras una reciente movilización frente al Congreso que derivó en incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El cronograma parlamentario prevé dictaminar el proyecto a fines de octubre, con el objetivo de someterlo a votación en la Cámara de Diputados durante el mes de noviembre.