
La justicia dispuso la detención de un empresario gastronómico de Famaillá por el caso de los 470 kilos de cocaína
La investigación sumó como sospechoso a un joven empresario famaillense, dueño de negocios gastronómicos y de un local nocturno, al que algunos trascendidos le atribuyen vínculos con dirigentes políticos locales.
La investigación por el secuestro de 470 kilos de cocaína en el sur de Tucumán, considerado el segundo decomiso más importante en la historia del narcotráfico provincial, sumó un nuevo capítulo con la incorporación de un tercer sospechoso. Se trata de un empresario de Famaillá vinculado a actividades gastronómicas y nocturnas, sobre quien ya pesa una orden de detención emitida por la Justicia Federal.
Fuentes ligadas a la causa indicaron que el hombre es propietario de un local gastronómico y de un boliche bailable en esa ciudad del sur tucumano. Además, no se descarta que en las próximas horas se presente voluntariamente ante las autoridades para ponerse a disposición de la investigación.
La causa se originó el viernes pasado, cuando efectivos de Gendarmería Nacional realizaban un control de rutina sobre la ruta nacional 157, a la altura de Río Seco. Durante el procedimiento, los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux conducida por Marcos Nacif. La actitud nerviosa del conductor despertó sospechas y motivó una inspección más exhaustiva del vehículo.
Al retirar la lona que cubría la caja de la camioneta, los gendarmes descubrieron 15 bultos que contenían un total de 470 kilos de cocaína, distribuidos en numerosos paquetes compactados. Nacif fue detenido de inmediato y quedó a disposición de la Justicia Federal.
La investigación quedó bajo la órbita del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, quien tres días después ordenó una segunda detención. El arrestado fue Rodrigo Chávez, propietario de una de las verdulerías más importantes de Famaillá y excandidato a concejal por sectores del peronismo local.
De acuerdo con fuentes judiciales, ambos imputados ya prestaron declaración indagatoria. Aunque el contenido de sus testimonios permanece bajo reserva, los investigadores consideran que la información aportada podría haber sido determinante para avanzar sobre nuevos involucrados y profundizar distintas líneas de investigación.
Hasta el momento tampoco trascendió si alguno de los detenidos evalúa acogerse a la figura del arrepentido para colaborar con la Justicia a cambio de eventuales beneficios procesales.
En ese contexto, la situación judicial del tercer sospechoso se habría complicado significativamente. Se trata de un joven empresario menor de 30 años que, según los investigadores, en los últimos años desarrolló diversos emprendimientos comerciales en Famaillá. Entre ellos figuran una sandwichería, un boliche bailable en esa ciudad y otro establecimiento similar que habría funcionado durante la temporada de verano en El Mollar.
Mientras algunos vecinos lo vinculan con sectores del poder político local, allegados al empresario rechazaron esas versiones. No obstante, confirmaron que ya contrató representación legal y que sus abogados analizaban la posibilidad de una presentación espontánea ante la Justicia Federal.
Más allá de las detenciones concretadas hasta el momento, la fiscalía continúa trabajando para despejar interrogantes clave sobre la organización detrás del cargamento secuestrado.
La principal hipótesis de Rafael Vehils Ruiz sostiene que la cocaína ingresó a la región mediante un vuelo clandestino. Según esta teoría, la carga habría sido descargada en un campo ubicado en Catamarca o en el sudoeste tucumano para luego ser trasladada por vía terrestre hacia un centro de acopio que podría estar localizado en Monteros o Famaillá.
Los investigadores sospechan además que la organización tenía previsto dejar una parte de la droga en Tucumán para financiar la operatoria logística y distribuir el resto hacia otras provincias.
Otro de los puntos que aún no fue esclarecido es si los detenidos y los sospechosos identificados eran efectivamente propietarios del cargamento o si cumplían funciones dentro de una estructura criminal de mayor escala.
Por el volumen de la carga y su valuación, superior a los dos millones de dólares, los investigadores consideran poco probable que los implicados contaran individualmente con la capacidad económica necesaria para financiar una operación de semejante magnitud. Sin embargo, entienden que podrían haber desempeñado un rol fundamental en la logística, el transporte y el almacenamiento de la sustancia.
“No importa cuál haya sido su función; lo único que interesa es que formaban parte de un grupo que cometió un grave delito”, sostuvo el fiscal Vehils Ruiz, quien continúa encabezando una investigación que busca determinar el origen, destino y responsables finales de uno de los mayores cargamentos de cocaína secuestrados en territorio tucumano.