La SIGEN fijó nuevas pautas de control y auditoría para universidades nacionales y hospitales públicos
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) avanzó con la oficialización de normativas y cronogramas destinados a regular la labor de las unidades de auditoría interna tanto en el ámbito universitario como en el sector de la salud pública, según lo informado por Noticias Argentinas.
Hospitales SAMIC
A través de la Resolución 312/2026, la SIGEN aprobó pautas para organizar el trabajo inicial de las unidades de auditoría en los Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC) que comiencen a operar en 2027 o en años posteriores. De acuerdo con la información difundida, las unidades que inicien su actividad en 2027 deberán presentar su primer plan anual antes del 30 de octubre de 2026, mientras que aquellas que lo hagan con posterioridad se regirán por los plazos vigentes correspondientes.
La programación tendrá que sustentarse en una evaluación preliminar de riesgos que contemple la importancia económica, las debilidades de control y el impacto en la continuidad asistencial. Como áreas prioritarias se fijaron las compras, contrataciones y pagos, el personal y la liquidación de haberes, además de los inventarios y bienes de uso, sumando al menos un proceso sustantivo hospitalario como farmacia e insumos críticos, o bien turnos, quirófanos y mantenimiento de equipos según corresponda.
Asimismo, se dispuso que el Comité de Control Interno celebre su reunión inicial dentro de los 60 días corridos desde la designación de su primer titular, con excepción del Hospital Garrahan, que ya cuenta con auditoría y comité en funcionamiento, aunque mantiene el resto de las obligaciones normativas.
Universidades Nacionales
Por otro lado, mediante la Resolución 311/2026, el organismo dispuso que las unidades de auditoría interna de las universidades nacionales presenten sus planes de trabajo para 2027 antes del 31 de octubre de 2026 mediante el sistema SISAC, según detalló el mismo medio.
Estas pautas complementarias establecen que los proyectos deben adecuarse a la dimensión, estructura y dispersión territorial de cada institución, basándose en una matriz de riesgos y antecedentes de control. Entre las áreas prioritarias se encuentran presupuesto, compras, transferencias, patrimonio, personal, tecnologías y ciberseguridad, así como fondos de investigación, integridad institucional y el circuito de emisión de títulos.
La normativa contempla además una evaluación sobre el estado de las rendiciones de fondos ante la autoridad nacional para identificar importes recibidos, aplicados, pendientes y vencidos. Los informes y acciones correctivas deberán registrarse en el sistema SISAC, destacando que el examen de los procesos de gestión se realizará respetando la autonomía y autarquía universitarias, sin evaluar el mérito académico o científico ni sustituir decisiones de los órganos de gobierno.