La primera reunión en Diputados confirmó el consenso del bioetanol y las diferencias del biodiésel
Durante casi tres horas, los expositores presentaron sus posiciones ante Energía y Combustibles. El bioetanol respaldó la media sanción, mientras que las pymes de biodiésel reclamaron revisar las condiciones de competencia.
El debate por el nuevo régimen de biocombustibles comenzó a transitar su camino en la Cámara de Diputados y dejó una escena conocida: amplio consenso entre los actores del bioetanol y diferencias que siguen abiertas en el biodiésel. La primera reunión informativa se realizó este martes por la tarde en la Comisión de Energía y Combustibles, presidida por Facundo Correa Llano (LLA). Comenzó a las 16, se extendió durante casi tres horas y contó con 20 oradores. Las exposiciones reeditaron buena parte de las posiciones que habían atravesado las comisiones del Senado y el recinto antes de la media sanción.
El proyecto llega a la Cámara baja después de haber sido aprobado por el Senado. Propone reemplazar la Ley 27.640 y modificar las condiciones de producción y comercialización de los biocombustibles. Entre sus principales cambios, prevé elevar, al año de sancionada la norma, la mezcla obligatoria de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, con seis puntos porcentuales reservados para la caña de azúcar, seis para el maíz y tres abiertos a la competencia. Para el biodiésel en el gasoil, establece un incremento del 7,5% al 10%, acompañado por una transición que reduce gradualmente el segmento reservado a las empresas no integradas. También introduce un mercado electrónico y precios de referencia vinculados con la paridad de importación.
En el bloque del bioetanol, Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, planteó que el régimen vigente agotó sus posibilidades de acompañar el desarrollo de la actividad. Recordó que la primera ley permitió construir una industria y cuestionó que la normativa posterior no incorporara los avances tecnológicos ni las oportunidades de nuevos mercados. “Pasamos de ser pioneros en el mundo de los biocombustibles a ser rezagados”, sostuvo. Desde esa lectura, respaldó el texto aprobado por el Senado porque, según explicó, recupera una perspectiva de crecimiento e incorpora mecanismos de comercialización más competitivos y transparentes.
Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino, puso ese debate en la escala del norte argentino. Habló de un entramado de 19 ingenios, 4.500 productores cañeros independientes y 45.000 trabajadores directos, distribuido entre Tucumán, Salta y Jujuy. Según detalló, desde el comienzo de la mezcla efectiva de etanol en las naftas, en 2010, la producción de alcohol pasó de unos 200.000 a 600.000 metros cúbicos anuales y hoy representa el 30% de los ingresos brutos de la actividad. “El bioetanol no es importante para el sector azucarero, es sustantivo, es decisivo a su sostenibilidad económica”, afirmó. Su respaldo al proyecto coincidió con el de Adam: los dos sectores que abastecen el corte de las naftas defendieron la necesidad de avanzar con el nuevo marco.
A ese consenso se sumó Federico Zerboni, presidente de MAIZAR, quien expresó el apoyo de la cadena del maíz y el sorgo y explicó por qué la transformación industrial resulta determinante para los productores alejados de los puertos. En esas zonas, señaló, el costo del transporte puede quitarle rentabilidad al cultivo, mientras que convertir el grano en energía o proteína animal permite agregar valor cerca del lugar donde se produce. “El etanol es una de las principales industrias que generan ese valor agregado”, sostuvo. Su intervención llevó la discusión hacia el trabajo en las localidades del interior y el arraigo: industrializar la producción, remarcó, también ofrece condiciones para que las familias puedan permanecer en sus comunidades.
Ángeles Naveyra, presidenta de la Fundación Barbechando y única mujer entre los expositores, propuso ampliar la mirada más allá de las diferencias empresariales. “Este proyecto que llega del Senado no es solo una ley para la agroindustria”, señaló, antes de describir un recorrido que comienza con el maíz, la soja y la caña de azúcar y termina en el surtidor de cualquier ciudad. Defendió el aumento de las mezclas por su capacidad de generar demanda, industrialización y empleo en las provincias, y pidió considerar tanto al productor como al ciudadano que carga combustible y respira el aire urbano.
Biodiésel: el desacuerdo está en las condiciones de la competencia
En el biodiésel, las coincidencias sobre la importancia de la actividad no alcanzaron para unificar posiciones sobre el proyecto. Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), defendió la media sanción como resultado de una negociación federal entre empresas, provincias y legisladores. Reconoció que el texto no dejó plenamente satisfechos a los distintos sectores, pero lo definió como “el mejor acuerdo posible en la Argentina actual”. Para la industria aceitera, sostuvo, abrir la competencia en el mercado interno también es necesario para acompañar la búsqueda de destinos internacionales. Por eso pidió que Diputados avance con un dictamen que respete los acuerdos alcanzados en el Senado.
La respuesta de las pymes mostró la distancia entre ese respaldo y la situación que describen las empresas regionales. Federico Martelli, director ejecutivo de CEPREB, afirmó que las firmas que representa en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis elaboran alrededor del 65% del biodiésel utilizado en el corte obligatorio. Desde esa representación, rechazó que pueda hablarse de consenso y advirtió que la apertura prevista, junto con la reducción progresiva del segmento reservado, amenaza la continuidad de numerosas plantas. “Modernizar el régimen no es mandar a la quiebra a 25 pymes y concentrar el negocio en seis aceiteras”, expresó. También cuestionó que la competencia entre empresas de escalas y condiciones diferentes vaya a traducirse necesariamente en menores precios para los consumidores.
Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, fue uno de los más duros y contundentes al momento de criticar el nuevo régimen. Pidió que Diputados ejerza su función revisora y corrija los puntos conflictivos. Reconoció el derecho de las grandes aceiteras a participar del mercado, pero reclamó condiciones que contemplen las diferencias entre los competidores. “No pongamos en la misma pista un Fórmula 1 con un Fórmula 4”, graficó. Entre sus objeciones, mencionó los límites de participación por empresa o grupo económico, la definición retroactiva de esos grupos y el desajuste que podría producirse entre un precio tope para el biodiésel y una materia prima negociada libremente. También pidió acotar las facultades para reducir las mezclas obligatorias y construir una regulación duradera.
Hacia el final, el diputado Pablo Todero, de Unión por la Patria, propuso aprovechar el recorrido pendiente para mejorar el texto. Planteó preservar los acuerdos alcanzados en bioetanol y concentrar el trabajo en acercar las posiciones del biodiésel, además de revisar los cuestionamientos jurídicos expuestos. “Estoy convencido de que lo podemos trabajar, que podemos trabajar un poquito más”, sostuvo.
La de este martes fue apenas la primera reunión informativa: el proyecto también debe ser tratado por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Agricultura y Ganadería. La media sanción marcó un avance, pero en Diputados todavía queda por construir el acuerdo que permita llegar al recinto. Ese camino recién comienza.