La Corte Suprema remitió a la Procuración la demanda opositora contra la reelección de Osvaldo Jaldo en Tucumán
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un nuevo paso en el expediente impulsado por cuatro fuerzas políticas de Tucumán contra una eventual reelección del gobernador Osvaldo Jaldo. El máximo tribunal remitió las actuaciones a la Procuración General de la Nación para que determine si corresponde intervenir en la causa mediante su competencia originaria.
La presentación judicial fue realizada por los partidos Cambia Tucumán, PRO, Fuerza Republicana y CREO, con el patrocinio del abogado Marcelo Giullitti Oliva. Los demandantes interpusieron una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el artículo 90 de la Constitución provincial, con el objetivo de evitar que el actual mandatario pueda competir por un segundo período consecutivo en las elecciones previstas para el 9 de mayo de 2027.
El debate en torno al artículo 90
El núcleo de la controversia gira en torno al texto del artículo 90 de la carta magna tucumana, el cual establece que el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y pueden ser reelectos por un período consecutivo. Asimismo, la norma estipula que el vicegobernador, aun habiendo completado dos períodos consecutivos en ese cargo, puede presentarse y ser elegido gobernador y ser reelecto por un período consecutivo.
Los partidos opositores argumentan que esta redacción posibilita la perpetuación en el poder al permitir, según su lectura, un ejercicio ininterrumpido de hasta dieciséis años sumando ambos cargos. Sostienen que Jaldo, quien se desempeñó como vicegobernador entre 2015 y 2023 y asumió la Gobernación en este último año tras haber quedado a cargo de la Provincia de manera interina en distintos tramos, podría sumar un nuevo mandato consecutivo. Los demandantes fundamentan además su reclamo en la garantía republicana de la Constitución Nacional y citan antecedentes jurisprudenciales recientes vinculados con otras provincias.
Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo rechazó el planteo y calificó la demanda como un intento por sacar de la cancha a un candidato. El mandatario provincial defendió la claridad de la normativa vigente y señaló que los cargos de gobernador y vicegobernador implican responsabilidades y facultades diferentes, cuestionando que se sumen los periodos de ambos puestos como si se tratara de una misma función.
La postura del Poder Ejecutivo provincial
Desde el Gobierno provincial, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, cuestionó que los partidos opositores hayan acudido directamente al máximo tribunal nacional sin recorrer previamente las instancias judiciales locales. La funcionaria ratificó la defensa de la autonomía provincial y sostuvo que el artículo 90 cuenta con todas las certezas constitucionales para respaldar la habilitación del gobernador.
En cuanto a los pasos procesales, el dictamen que deberá emitir la Procuración General de la Nación no será vinculante para los jueces de la Corte Suprema, quienes luego tendrán que resolver si aceptan intervenir en el planteo de fondo. Hasta el momento, el tribunal no cuenta con un plazo establecido para definir su competencia originaria en este litigio.