Conflicto presupuestario y tensión por el ingreso de policías a la Universidad Nacional de Tucumán
El conflicto presupuestario y salarial que afecta a las universidades públicas atraviesa una etapa de intensa tensión en Tucumán, marcada por medidas de fuerza gremiales, asambleas estudiantiles y un fallo judicial que impuso límites al accionar de las fuerzas de seguridad dentro de los establecimientos educativos.
En el plano judicial, el Juzgado Federal N° 1 hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por docentes, no docentes y representantes estudiantiles. La resolución prohibió a la Policía provincial acercarse, hostigar o ingresar sin orden legítima o pedido expreso de las autoridades a cualquier predio de la Universidad Nacional de Tucumán. La medida se dictó tras dos episodios registrados en la Facultad de Filosofía y Letras, donde un efectivo fue denunciado por acorralar a un estudiante en un baño y, al día siguiente, cuatro agentes de Infantería armados y con escudos recorrieron los pasillos del edificio.
Los hechos generaron rechazo en la comunidad universitaria. Desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán calificaron lo sucedido como una acción de amedrentamiento vinculada con las protestas en demanda de mayor financiamiento. Los dirigentes gremiales sostuvieron que la presencia policial no respondió a decisiones individuales de los agentes, sino a directivas superiores bajadas desde el Ministerio de Seguridad y la gobernación provincial. Por su parte, las explicaciones oficiales sobre lo ocurrido variaron: mientras las autoridades policiales atribuyeron el ingreso a un uso circunstancial de las instalaciones, el rector Sergio Mohamed calificó los hechos como una suma de errores y malos entendidos. Posteriormente, el decano de la facultad mantuvo un encuentro con el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, en el cual se acordó reforzar la capacitación del personal sobre la autonomía universitaria y establecer una línea directa de comunicación para evitar nuevos incidentes en los corredores seguros de la zona.
En paralelo a la controversia por la seguridad, la actividad académica transcurre en medio de un extenso plan de lucha. Tras finalizar un paro de siete días convocado a nivel nacional por Conadu Histórica, el acumulado de jornadas sin actividad normal en las facultades y escuelas de la institución supera las cincuenta semanas de protesta en reclamo de la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios reclaman una recomposición salarial que equipare la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023, así como la reapertura de la paritaria local suspendida meses atrás.
El desfinanciamiento también genera preocupación en el plano estudiantil. En unidades académicas como Artes y Filosofía y Letras se llevan a cabo asambleas para debatir la posibilidad de realizar tomas de las instalaciones ante la falta de respuestas nacionales. Alumnos y consejeros superiores advierten que la falta de recursos afecta el dictado de clases, la disponibilidad de insumos en laboratorios, la continuidad de proyectos de investigación y la situación de las becas y los salarios docentes, lo cual pone en riesgo el cumplimiento del calendario académico y las mesas de exámenes finales.