El oficialismo acordó restituir la Ley de Tierras mientras la oposición busca apoyos para rechazar el DNU 70
En el marco de una serie de negociaciones en la Cámara de Diputados, el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista alcanzaron un acuerdo para restituir la vigencia de la Ley de Tierras, al tiempo que los bloques opositores enfrentan un escenario complejo para conseguir el cuórum necesario en la sesión convocada con el fin de debatir la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
El entendimiento legislativo se concretó en un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. A través de un acuerdo entre La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical, se reunieron 34 firmas para el dictamen de mayoría del proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El despacho incorpora la derogación del artículo 154 del DNU 70/2023 y retrotrae la situación a la norma sancionada a finales de 2011, la cual establece límites precisos a la compra de campos y territorios por parte de personas o empresas extranjeras.
Durante el encuentro parlamentario, el diputado de la UCR Diógenes González ofició de miembro informante de la mayoría y sostuvo que la situación de la Ley de Tierras había generado una amplia repercusión en la opinión pública. Por su parte, la bancada de Unión por la Patria presentó un dictamen de rechazo junto a representantes de Argentina Federal, mientras que la Coalición Cívica y Provincias Unidas formalizaron un despacho alternativo de manera conjunta.
El debate político en torno al decreto
La discusión por la normativa territorial se enmarca en un conflicto más extenso alrededor del DNU 70/2023, emitido poco después del inicio de la gestión presidencial bajo la denominación de Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina. Desde una perspectiva crítica, Página 12 describió este decreto como la estructura fundamental del programa de ajuste económico del actual gobierno. En caso de que prospere un rechazo total del megadecreto en el Congreso, además de reponerse la Ley de Tierras, también se restablecerían los regímenes previos vinculados a las leyes de Alquileres, Abastecimiento y Góndolas, junto con las regulaciones tarifarias en medicina prepaga y la normativa sobre transporte aerocomercial y telecomunicaciones.
Frente al giro oficialista, legisladores de la oposición manifestaron diversos cuestionamientos. La diputada de Unión por la Patria Paula Penacca consideró que la medida representó una reacción forzada ante la debilidad del oficialismo en el recinto y mencionó los fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia en la materia. Asimismo, el diputado Diego Giuliano remarcó que el oficialismo adoptó nuevamente la postura legal sancionada por el peronismo y evaluó que la protección de los recursos puede volverse abstracta si se implementan planes para conceder la ciudadanía nacional a inversores foráneos a cambio de 350 mil dólares.
Por el Frente de Izquierda, la diputada Myriam Bregman calificó la restitución parcial como un intento por vaciar la sesión especial y cuestionó a los sectores dialoguistas por avalar las demás reformas contenidas en el decreto. A su vez, el legislador Maximiliano Ferraro, perteneciente a la Coalición Cívica, afirmó que la oposición tiene la obligación de asistir a debatir, ya que las controversias judiciales no han resuelto el fondo del problema respecto al régimen de tierras.
Las posibilidades de Quórum en el recinto
En este contexto, diversos sectores opositores impulsaron una sesión especial orientada a derogar el DNU 70/2023 e incorporar el tratamiento de temas vinculados a la emergencia en discapacidad y mecanismos de alivio frente al endeudamiento familiar. No obstante, las estimaciones iniciales reflejan un panorama adverso para habilitar el tratamiento en el recinto.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, la convocatoria perdió fuerza debido a tres acontecimientos simultáneos: las decisiones del tribunal supremo sobre la vigencia de la norma territorial, el dictamen impulsado por el Gobierno para restablecer la Ley de Tierras y la programación de una sesión posterior, fechada para el 21 de octubre, orientada a debatir los proyectos sociales que interesan a los bloques intermedios.
Las proyecciones preliminares ubican a los bloques convocantes en torno a los 120 o 123 diputados presentes, cifra integrada por legisladores de Unión por la Patria, la izquierda, Provincias Unidas y representantes provinciales de distintos espacios políticos. A pesar de encontrarse por debajo de la mayoría requerida de 129 bancas para dar inicio a la sesión, legisladores de Unión por la Patria señalaron que sostendrán la convocatoria con el propósito de visibilizar la postura de cada espacio político sobre el megadecreto presidencial.